Persecución política contra dirigente de trabajadores petroleros de Ecuador
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de América, Europa y Africa, expresa su preocupación y rechazo a la persecución política judicial de David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP), de Ecuador.
Desde 2019, David Almeida, como secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP), ha denunciado reiteradamente los perjuicios económicos que se ocasionarían a Ecuador, debido a los intentos de privatización de los campos petroleros más rentables y de la infraestructura hidrocarburífera del país.
Almeida, en su legítima condición de dirigente de los trabajadores petroleros ecuatorianos, ha presentado análisis técnicos y económicos que destacan el impacto negativo de privatizar los campos Sacha, Amistad, 16 y 67, así como las consecuencias de la no reversión al Estado ecuatoriano, del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el cual, según contrato firmado hace 20 años, debía regresar al Estado en enero del 2024, pero sigue en manos de capitales privados argentinos por decisión del gobierno ecuatoriano.
Estas denuncias fundamentadas realizadas por el dirigente de los trabajadores petroleros, en uso del derecho a la libre expresión, garantizado por la Constitución del Ecuador, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y diversos instrumentos internacionales y organismos del sistema interamericano, han sido difundidas en medios de comunicación nacionales, redes sociales y en el periódico mensual de la ANTEP, en las que ha enfatizado los perjuicios al Estado en la renta petrolera y en los ingresos fiscales del país, debido a la iniciativa gubernamental de privatización de estos recursos, que ha sido realizada de manera poco transparente y contraria al interés de la mayoría de ecuatorianos.
Durante el paro nacional de 2022, el gobierno ecuatoriano de Guillermo Lasso ya intentó despedir a Almeida, debido a la difusión de un estudio sobre la balanza positiva de combustibles, lo que generó una fuerte reacción de apoyo de gremios y movimientos sociales, impidiendo su desvinculación de la empresa.
Hoy, bajo el gobierno de Daniel Noboa, la situación se repite. Lejos de propiciar un debate público y democrático sobre estos temas de interés nacional, se ha iniciado un proceso de persecución política judicial contra Almeida, acusándolo esta vez de divulgar información confidencial en una entrevista radial. Esta medida no sólo constituye una persecución laboral, sino también un atentado contra la libertad de expresión, ya que se pretende sancionarlo por presentar estudios técnicos y su opinión ante la ciudadanía, situación que afecta tanto al emisor de la opinión, como a los ciudadanos, que tienen derecho a recibirlas sin interferencias. Cabe destacar que, durante la entrevista no se violó el acuerdo de confidencialidad que mantiene con la empresa en la que labora, ya que los análisis realizados por ANTEP se han basado exclusivamente en información pública.
Además de reivindicar el derecho del pueblo ecuatoriano a administrar sus riquezas básicas, en virtud del ejercicio del derecho de libre determinación consagrado en el artículo 1° tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y como del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, queremos recordar que existe una amplia normativa y jurisprudencia internacional en defensa de la garantía de la libertad de expresión, entre las cuales está la Constitución de la República del Ecuador, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Constitución de la República del Ecuador: “Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Numeral 6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. …”
Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Corte Interamericana de Derechos Humanos: “La libertad de expresión es una de las formas más eficaces de denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un sector cualquiera de la población” (Corte IDH. Caso de Eduardo Kimel. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Serie C No. 177. Párr. 88).
Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “La libertad de expresión es uno de los principales fundamentos de una sociedad democrática y una de las condiciones más importantes para su progreso y el desarrollo individual”. Por ello, la libertad de expresión debe amparar no sólo las ideas “recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también las que hieren, chocan o inquietan: así lo demanda el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’”.
La notificación del inicio del procedimiento sancionatorio contra David Almeida constituye una clara muestra de intimidación y amedrentamiento, para coartar el uso legítimo de la libertad de expresión de quienes discrepan con las acciones gubernamentales. Una vez más, gremios, movimientos sociales y figuras públicas del Ecuador e internacionales han expresado su solidaridad, y, como Plataforma Internacional por los Derechos Humanos estaremos atentos al curso de los acontecimientos, en defensa de los derechos humanos y de la convivencia democrática.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
26 de septiembre de 2024.-
Persecuzione politica contro il leader dei lavoratori petroliferi ecuadoriani
La Piattaforma internazionale per i diritti umani, organismo di coordinamento di varie organizzazioni sociali e per i diritti umani di America, Europa e Africa, esprime preoccupazione e rifiuto per la persecuzione politica di David Almeida, segretario generale dell’Associazione nazionale dei lavoratori dell’energia e del petrolio (ANTEP) in Ecuador.
Dal 2019, David Almeida, in qualità di segretario generale dell’Associazione Nazionale dei Lavoratori dell’Energia e del Petrolio (ANTEP), ha ripetutamente denunciato i danni economici che sarebbero stati causati all’Ecuador, a causa dei tentativi di privatizzare i giacimenti petroliferi più redditizi e le infrastrutture di idrocarburi del Paese.
Almeida, nella sua legittima veste di leader dei lavoratori petroliferi ecuadoriani, ha presentato analisi tecniche ed economiche che evidenziano l’impatto negativo della privatizzazione dei giacimenti Sacha, Amistad, 16 e 67, nonché le conseguenze della mancata restituzione allo Stato ecuadoriano dell’Oleodotto per il greggio pesante (OCP) che, secondo un contratto firmato 20 anni fa, sarebbe dovuto tornare allo Stato nel gennaio 2024, ma che è ancora nelle mani di capitali privati argentini per decisione del governo ecuadoriano.
Queste fondate denunce del leader dei lavoratori del settore petrolifero, che si è avvalso del diritto alla libera espressione, garantito dalla Costituzione dell’Ecuador, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da vari strumenti e organismi internazionali del sistema interamericano, sono state diffuse dai media nazionali, dalle reti sociali e dal giornale mensile ANTEP, in cui ha sottolineato il danno alle entrate petrolifere dello Stato e alle entrate fiscali del Paese, a causa dell’iniziativa del governo di privatizzare queste risorse, portata avanti in modo non trasparente e contrario agli interessi della maggioranza degli ecuadoriani.
Durante lo sciopero nazionale del 2022, il governo ecuadoriano di Guillermo Lasso aveva già cercato di licenziare Almeida, a causa della diffusione di uno studio sul bilancio positivo dei combustibili, che aveva generato una forte reazione di sostegno da parte di sindacati e movimenti sociali, impedendo il suo licenziamento dall’azienda.
Oggi, sotto il governo di Daniel Noboa, la situazione si ripete. Lungi dall’incoraggiare un dibattito pubblico e democratico su questi temi di interesse nazionale, è stato avviato un processo di persecuzione politico-giudiziaria contro Almeida, questa volta accusandolo di aver divulgato informazioni riservate in un’intervista radiofonica. Questa misura non solo costituisce una persecuzione lavorativa, ma anche un attacco alla libertà di espressione, in quanto intende punire l’autore per aver presentato al pubblico studi tecnici e la sua opinione, una situazione che colpisce sia l’autore dell’opinione sia i cittadini, che hanno il diritto di riceverla senza interferenze. Va notato che, durante l’intervista, l’accordo di riservatezza con l’azienda nella quale si trovava è stato rispettato.
Durante l’intervista non è stato violato l’accordo di riservatezza con l’azienda in cui lavora, in quanto le analisi effettuate dall’ANTEP si basano esclusivamente su informazioni pubbliche.
Oltre a rivendicare il diritto del popolo ecuadoriano a gestire le proprie ricchezze di base, in virtù dell’esercizio del diritto all’autodeterminazione sancito dall’articolo 1 sia del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici che del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, ricordiamo che esiste un’ampia gamma di norme e giurisprudenza internazionale a difesa della garanzia della libertà di espressione, tra cui la Costituzione della Repubblica dell’Ecuador, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e i pronunciamenti della Corte interamericana dei diritti umani e della Corte europea dei diritti umani.
Costituzione della Repubblica dell’Ecuador: “Art. 66.- Il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e il proprio pensiero in tutte le sue forme e manifestazioni è riconosciuto e garantito a tutte le persone. …”
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: articolo 19: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”.
Corte interamericana dei diritti umani: “La libertà di espressione è uno dei modi più efficaci per denunciare la corruzione; e ha sottolineato che nel dibattito su questioni di interesse pubblico, sono protette sia le espressioni inoffensive che sono ben accolte dall’opinione pubblica, sia quelle che scioccano, irritano o disturbano i funzionari pubblici, i candidati a cariche pubbliche o qualsiasi settore della popolazione” (Corte I/A H.R., Caso di Eduardo Kimel. Caso di Eduardo Kimel. Sentenza del 2 maggio 2008. Serie C n. 177. Paragrafo 88).
Corte europea dei diritti dell’uomo: “La libertà di espressione è uno dei principali fondamenti di una società democratica e una delle condizioni più importanti per il suo progresso e lo sviluppo individuale. Pertanto, la libertà di espressione deve proteggere non solo le idee che sono “accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche quelle che feriscono, scioccano o disturbano: questo è richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza il quale non esiste una ‘società democratica’”.
La notifica dell’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di David Almeida è un chiaro segno di intimidazione e di intimidazione, al fine di limitare l’uso legittimo della libertà di espressione di coloro che sono in disaccordo con le azioni del governo. Ancora una volta, associazioni, movimenti sociali e personalità pubbliche in Ecuador e a livello internazionale hanno espresso la loro solidarietà, e come Piattaforma Internazionale per i Diritti Umani saremo attenti al corso degli eventi, in difesa dei diritti umani e della convivenza democratica.
PIATTAFORMA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI UMANI
26 settembre 2024.
