Dichiarazione pubblica della Piattaforma internazionale dei diritti umani, di cui fa parte il
Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia ( CRED), che condanna le gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani da parte del governo argentino di Milei. Testo spagnolo ed italiano.
DECLARACIÓN PÚBLICA
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos quiere expresar su preocupación por un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, en Argentina, tendientes a poner término a un conjunto de políticas públicas que daban cuenta del compromiso del Estado argentino con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Los grandes avances conseguidos en esta materia por parte de las organizaciones de derechos humanos hoy pretenden ser borrados por parte del Gobierno argentino, bajo el falaz argumento de la necesidad de recortar el gasto fiscal. Detrás de estas medidas, se esconde una impúdica simpatía con la dictadura cívico-militar, un reprochable negacionismo, una inadmisible reivindicación del terrorismo de Estado y una inaceptable relativización de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.
Lo que comenzó como una descalificación a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas de Plaza de Mayo y a los organismos de Derechos Humanos, ahora su nefasta política se expresa en el despido de trabajadores de los organismos estatales que se desempeñan en la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia. Al finalizar junio, echaron a 50 trabajadores, principalmente del Archivo Nacional por la Memoria y los Espacios de Memoria, que no podrán seguir funcionando por no tener al personal capacitado para la misión para los que fueron creados. Por otro lado, a las unidades que subsisten, no les transfieren los recursos necesarios para llevar adelante su cometido. Se trata de un ataque liso y llano a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Lo mismo pasa con Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, otro ejemplo del atropello al legado que la lucha por los derechos humanos en Argentina significa, ya que no se les ha asignados los fondos correspondientes para su normal funcionamiento, por lo que en lo que va del 2024 no han podido cobrar sus sueldos los docentes y los no docentes. La Universidad resiste gracias al empuje militante de quienes todos los días trabajan para sostenerla, y por el apoyo que la sociedad en su conjunto le ha expresado. Se sigue reclamando al Gobierno Nacional que cumpla con la ley, y que deje de apostar a que el desfinanciamiento de la UNMa sea la manera más sencilla que tienen para cerrarla, que es el verdadero propósito que tienen desde que asumieron el Gobierno, en diciembre pasado. La Universidad el 6 de abril cumplió 24 años, tiene 2300 estudiantes, 250 docentes y 70 no docentes y brinda seis carreras universitarias.
Otro organismo que quieren terminar por decreto es la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, una rama de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y desplazar a Claudia Carlotto, su directora. Este organismo se ocupa de buscar a los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado.
Para ocuparse de la búsqueda de los bebés robados, la Conadi recibe denuncias – de personas que tienen un dato que puede ayudar al encuentro– y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico.
Tratándose de un gobierno que niega los crímenes de la dictadura, cerrar una Universidad con orientación en derechos humanos, donde su materia trasversal a todas las carreras que brinda es Historia de las Madres de Plaza de Mayo, o desmantelar el organismo que se ocupa de encontrar a los bebés apropiados, es demostrar que lo peor de la maquinaria criminal era cierto.
También, la semana pasada despidieron a una de las dos personas que quedaban dentro del Ministerio de Defensa, desarticulando por completo los equipos que investigan los crímenes de la dictadura cívico-militar.
Además, tenemos presente que el propio Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), junto con recordarle al Gobierno de Milei su obligación de respetar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, afirmó que “las recientes medidas propuestas amenazan con socavar la protección de los derechos humanos.”
Para el ACNUDH, hay varios ejes problemáticos en la plataforma de Gobierno de Milei: el recorte del gasto público para los sectores más desprotegidos –que llegó a su paroxismo con la restricción de medicamentos a personas con enfermedades graves o el acopio de alimentos en depósitos del Ministerio de Capital Humano–, la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la eliminación de instancias como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) o los centros de acceso a justicia (CAJ) y la postura de la Cancillería de no participar en ninguna reunión referida a la Agenda 2030.
A su vez, organizaciones de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han denunciado que desde que se puso en marcha el protocolo, la protesta pasó de ser un derecho a convertirse en un delito. La ministra del Interior puso en marcha un registro de quienes suelen cortar la calle mientras impulsa denuncias penales y pretende cobrar por los operativos que ella misma diseña.
La muy difícil situación económica actual en Argentina golpea hoy a prácticamente todos los sectores y actividades, incluyendo el de los medios de prensa y comunicación, cuestión que se agrava en el caso específico del ejercicio del derecho humano a la comunicación, con políticas que le afectan directamente, como son la existencia de una constante agresión de parte de las autoridades gubernamentales y sus seguidores y adherentes contra cualquier posicionamiento crítico o incluso apenas interrogativo, la toma de medidas que tienden al desfinanciamiento y privatización de medios públicos y alternativos a la prensa dominante, la eliminación de unidades completas del sistema de medios públicos y la desfinanciación de universidades públicas que sustentan a un buen número de medios de comunicación, el desmantelamiento del mundialmente reconocido y referencial Instituto Nacional de Cine (INCAA).
Todas estas realidades y acciones configuran un cuadro de una completa regresión y retroceso frente a los avances que contempló en su momento la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o “Ley de Medios” promulgada en el año 2009, legislación que fue vista como genuino ejemplo a nivel regional por sus fines de democratización y pluralismo, pero cuya vigencia y aplicación efectiva ha sido, como es conocido, objeto de múltiples disputas jurídicas y políticas que han impedido la implementación de una parte muy significativa de sus contenidos.
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos denuncia a la opinión pública internacional que estas políticas y medidas constituyen un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos derivadas de la suscripción y ratificación de tratados internacionales de derechos humanos por parte del Estado argentino, que lo hacen incurrir en responsabilidad internacional.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
7 de Julio de 2024
DICHIARAZIONE PUBBLICA
La Piattaforma Internazionale per i Diritti Umani vuole esprimere la sua preoccupazione per un insieme di iniziative promosse dal Governo di Javier Milei, in Argentina, volte a porre fine a un insieme di politiche pubbliche che riflettevano l’impegno dello Stato argentino nelle politiche della Memoria. , Verità e Giustizia.
Il governo argentino, cerca di cancellare i grandi progressi ottenuti in questo campo dalle organizzazioni per i diritti umani con l’argomentazione pretestuosa della necessità di tagliare la spesa pubblica. Dietro queste misure si nasconde una sfacciata simpatia per la dittatura civile-militare, un negazionismo riprovevole, un’inammissibile rivendicazione del terrorismo di Stato e un’inaccettabile relativizzazione delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante la dittatura civile-militare.
Iniziata con la denigrazione delle Madri di Plaza de Mayo, delle Nonne di Plaza de Mayo e delle organizzazioni per i Diritti Umani, tale politica disastrosa si esprime nel licenziamento dei lavoratori delle organizzazioni statali che lavorano nel Segretariato per i Diritti Umani Diritti, dipendenti dal Ministero della Giustizia. Alla fine di giugno hanno licenziato 50 lavoratori, principalmente dell’Archivio Nazionale della Memoria e degli Spazi di Memoria, che non potranno continuare a operare perché non dispongono di personale formato per la missione per la quale sono stati creati. D’altro canto, le risorse necessarie per svolgere la propria missione non vengono trasferite alle unità rimaste. Questo è un attacco chiaro e semplice alle politiche della Memoria, della Verità e della Giustizia. La stessa cosa accade con l’Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, l’attacco alla quale rappresenta un altro esempio della violazione dell’eredità della lotta per i diritti umani in Argentina, poiché non sono stati assegnati i fondi corrispondenti per il suo normale funzionamento, quindi nel 2024, insegnanti e non insegnanti non hanno potuto riscuotere i propri stipendi. L’Università resiste grazie alla carica militante di chi ogni giorno lavora per sostenerla e grazie al sostegno che la società tutta le ha dato.
Continuiamo a chiedere al governo nazionale di rispettare la legge e di smettere di scommettere suk
definanziamento dell’UNMa come modo più semplice per chiuderla, che è il vero scopo che si è prefissato da quando è entrato in carica lo scorso dicembre. L’Università ha compiuto 24 anni il 6 aprile, conta 2.300 studenti, 250 docenti e 70 non docenti e offre sei titoli universitari.
Un’altra organizzazione cui si vuole porre fine con decreto è l’Unità investigativa speciale sulla scomparsa di bambini a seguito di azioni di terrorismo di Stato, un ramo della Commissione nazionale per il diritto all’identità (CONADI) e sostituire Claudia Carlotto, la sua direttrice. Questa organizzazione è incaricata di ricercare i bambini rapiti durante il terrorismo di stato.
Per portare avanti la ricerca dei bambini rapiti, il Conadi riceve denunce – da parte di persone che hanno informazioni che possono aiutare a ritrovarli – e presentazioni spontanee da parte di chi dubita della loro origine biologica.
Trattandosi di un governo che nega i crimini della dittatura, chiudere un’Università incentrata sui diritti umani, che offre come tema trasversale a tutti
i corsi la Storia delle Madri di Plaza de Mayo, e smantellare l’organizzazione che ha compito di trovare i bambini sottratti equivale confermare la realtà della parte peggiore della macchina criminale.
Inoltre, la settimana scorsa hanno licenziato una delle due persone rimaste all’interno del Ministero della Difesa, smantellando completamente le squadre che indagano sui crimini della dittatura civile-militare.
Ricordiamo inoltre che lo stesso Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), oltre a ricordare al Governo Milei il suo obbligo di rispettare il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione, ha affermato che “la recente proposta misure minacciano di minare la tutela dei diritti umani”.
Per l’OHCHR ci sono diversi assi problematici nella piattaforma del governo Milei: il taglio della spesa pubblica per i settori più non tutelati – che ha raggiunto
il suo parossismo con la restrizione dei medicinali alle persone affette da malattie gravi o l’accumulo di cibo nei magazzini del Ministero del Capitale Umano –, la scomparsa del Ministero delle Donne, del Genere e della Diversità, l’eliminazione di organismi come l’Istituto Nazionale contro la Discriminazione , la xenofobia e il razzismo (Inadi) o i Centri di accesso alla giustizia (CAJ) e la decisione del Ministero degli Esteri di non partecipare ad alcuna riunione relativa all’Agenda 2030.
A loro volta, organizzazioni per i diritti umani come il Centro di Studi Legali e Sociali (CELS) hanno denunciato che da quando il protocollo è stato implementato, la protesta è passata dall’essere un diritto a diventare un crimine. La ministra dell’Interno ha lanciato la schedatura di chi è solito bloccare la strada sporgendo denunce penali e facendo pagare le operazioni che lei stessa architetta.
La difficilissima situazione economica attuale dell’Argentina colpisce oggi praticamente tutti i settori e le attività, compresa la stampa e i mezzi di comunicazione, rendendo impossibile l’esercizio del diritto umano alla comunicazione, con politiche che lo toccano direttamente. come l’esistenza di una costante aggressione da parte delle autorità governative e dei loro seguaci e aderenti contro qualsiasi posizione critica o anche solo appena interrogativa, l’adozione di misure che tendono a tagliare i fondi e a privatizzare i media pubblici e le alternative alla stampa dominante, l’eliminazione completa di unità del sistema dei media pubblici e il definanziamento delle università pubbliche che sostengono un buon numero di media, lo smantellamento del National Film Institute (INCAA), punto di riferimento e di fama mondiale.
Tutte queste realtà e azioni creano un quadro di completa regressione e arretramento rispetto ai progressi contemplati all’epoca dalla Legge sui servizi di comunicazione audiovisiva o “Legge sui media” emanata nel 2009, legislazione che era vista come un vero e proprio esempio a livello regionale per la sua finalità di democratizzazione e pluralismo, ma la cui validità ed effettiva applicazione è stata, come noto, oggetto di molteplici contenziosi giuridici e politici che hanno impedito l’attuazione di una parte molto significativa dei suoi contenuti.
La Piattaforma Internazionale per i Diritti Umani denuncia all’opinione pubblica internazionale che queste politiche e misure costituiscono una grave violazione degli obblighi internazionali in materia di diritti umani derivanti dalla sottoscrizione e ratifica dei trattati internazionali sui diritti umani da parte dello Stato argentino, e che tale violazione comporta l’insorgere una responsabilità internazionale in capo al governo argentino.
PIATTAFORMA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI UMANI
7 luglio 2024
