Il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) assume e rilancia l’allegata dichiarazione pubblica della Piattaforma internazionale dei diritti umani, di cui fa parte, relativamente alle recenti elezioni in Ecuador (originale in spagnolo e nostra traduzione in italiano e inglese).
El Centro de Investigación y Elaboración para la Democracia (CRED) hace suya y difunde la declaración pública adjunta de la Plataforma Internacional de Derechos Humanos, de la cual forma parte, en relación con las recientes elecciones en Ecuador (original en español y nuestra traducción al italiano e inglés).
The Center for Research and Elaboration on Democracy (CRED) endorses and shares the attached public statement by the International Human Rights Platform, of which it is a member, regarding the recent elections in Ecuador (original in Spanish and our translation into Italian and English).
DECLARACIÓN PÚBLICA
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos, instancia de coordinación que integran diversas organizaciones del continente americano, europeo y africano, expresa su preocupación por las irregularidades ocurridas durante el proceso electoral ecuatoriano, que configuran una grave vulneración a los principios democráticos de elección en condiciones de equidad para los candidatos y de respeto a los electores, sin intimidaciones ni exclusiones de ningún tipo.
1. La actuación del presidente – candidato Daniel Noboa durante las campañas de la primera y segunda vuelta, contraviene disposiciones claras del Artículo 93 del Código de la Democracia del Ecuador, que establece que, los dignatarios de elección popular que opten por la reelección inmediata deben hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral, situación que fue oportunamente observada por las misiones de observación electoral acreditadas para el proceso ecuatoriano.
2. El incumplimiento de esta normativa por parte del presidente – candidato Noboa, ha comprometido la equidad en el proceso electoral, y permitió el uso de recursos públicos y facultades presidenciales en favor de su propia candidatura, así como la participación de funcionarios públicos en actos proselitistas de entrega de bonos y obsequios, lo que transgrede las leyes electorales ecuatorianas. Estas situaciones irregulares han puesto a su candidatura en franca e ilegítima ventaja frente a la candidatura presidencial no oficialista.
3. El decreto presidencial No. 599 suscrito por el presidente Noboa, a 24 horas del inicio de la jornada electoral, declaró el estado de excepción por 60 días, en 7 provincias y dos cantones, incluido el Distrito Metropolitano de Quito, suspendió los derechos a la libertad de reunión, inviolabilidad de la correspondencia y de inviolabilidad de domicilio, lo que significa también una clara forma de intimidación a los votantes y de disuasión a cualquier forma de protesta social postelectoral.
4. A ello se suman también las medidas adoptadas por el Consejo Nacional Electoral a pedido del gobierno ecuatoriano, para prohibir -sin base legal alguna-, la toma de fotografías a las papeletas de los electores que voluntariamente deseen hacerlo, con multas desproporcionadas a quienes no acaten esa prohibición, así como la disposición de la autoridad electoral para que, los biombos que permiten el secreto del voto dentro del recinto electoral de acuerdo con la normativa correspondiente, sean colocados de manera invertida, lo que permite su observación pública.
5. Además, de acuerdo con lo expresado por las autoridades electorales en días previos al proceso electoral de la segunda vuelta, se cambió la ubicación de al menos 24 recintos electorales, lo cual afectó la participación completa y oportuna de los votantes.
6. Se reportó también la no habilitación de los recintos electorales en Venezuela, lo cual impidió la participación de miles de ecuatorianos registrados en ese país, decisión que vulneró sin justificación alguna los derechos de participación política de esa población electoral migrante.
7. Durante el proceso electoral se ha verificado también por parte de los miembros de las misiones extranjeras de observación electoral, las restricciones a la labor de varios de los delegados de las candidaturas en los recintos electorales, lo que pone en riesgo la transparencia y el adecuado control del proceso electoral por parte de las organizaciones políticas.
8. Es de dominio público que se ha denunciado por parte de la candidatura de la señora Luisa González, la existencia de actas procesadas por el Consejo Nacional Electoral en las que la página de resultados de cada acta no contiene las firmas de los miembros de la Juntas Receptoras del Voto, lo cual no permite verificar la autenticidad de las actas publicadas, lo que contraviene normas expresas del Código de la Democracia.
9. También se ha denunciado por parte de la candidatura de Luisa González, la existencia de graves inconsistencias estadísticas entre la votación recibida por ambos candidatos en los procesos de la primera y segunda vuelta presidencial, ya que esa candidatura tendría un incremento de apenas 0,40% entre ambas elecciones, en tanto que la candidatura de Daniel Noboa registraría un incremento del 11,43%. Esto sugiere una anomalía extraordinaria, que debe ser examinada por el organismo electoral, en aras de la transparencia del proceso, para responder a las acusaciones de fraude durante el proceso de votación y escrutinio, que se suman a las irregularidades señaladas durante todo el proceso electoral.
Con base en lo expuesto, la Plataforma Internacional por los Derechos Humanos solicita a los organismos electorales ecuatorianos, el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, así como a la Contraloría General del Estado (CGE), analizar las denuncias de infracciones electorales y uso irregular de recursos públicos cometidas por el candidato Daniel Noboa durante las campañas de la primera y segunda vuelta presidencial, que han puesto en riesgo la transparencia y equidad del proceso electoral ecuatoriano.
La Plataforma Internacional por los Derechos Humanos exhorta a la comunidad internacional a permanecer vigilantes del proceso electoral ecuatoriano y solicita realizar una auditoría forense internacional del mismo, con el aval de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que permita garantizar la integridad del proceso electoral y la protección de los derechos políticos de los ciudadanos ecuatorianos.
PLATAFORMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
15 de abril de 2025.-
DICHIARAZIONE PUBBLICA
La Piattaforma Internazionale per i Diritti Umani, istanza di coordinamento composta da diverse organizzazioni del continente americano, europeo e africano, esprime la propria preoccupazione per le irregolarità verificatesi durante il processo elettorale ecuadoriano, che costituiscono una grave violazione dei principi democratici di elezione in condizioni di equità per i candidati e di rispetto per gli elettori, senza intimidazioni né esclusioni di alcun tipo.
1. Il comportamento del presidente-candidato Daniel Noboa durante le campagne del primo e del secondo turno contravviene alle disposizioni chiare dell’articolo 93 del Codice della Democrazia dell’Ecuador, che stabilisce che i funzionari eletti che intendono ricandidarsi devono prendere un congedo non retribuito a partire dall’inizio della campagna elettorale, come osservato dalle missioni di osservazione elettorale accreditate per il processo ecuadoriano.
2. Il mancato rispetto di questa norma da parte del presidente-candidato Noboa ha compromesso l’equità del processo elettorale, permettendo l’uso di risorse pubbliche e delle prerogative presidenziali a favore della propria candidatura, nonché la partecipazione di funzionari pubblici in atti di propaganda elettorale con distribuzione di bonus e doni, in violazione delle leggi elettorali ecuadoriane. Tali irregolarità hanno posto la sua candidatura in un vantaggio illegittimo rispetto alla candidatura presidenziale non governativa.
3. Il decreto presidenziale n. 599, firmato dal presidente Noboa a 24 ore dall’inizio della giornata elettorale, ha dichiarato lo stato di eccezione per 60 giorni in 7 province e due cantoni, incluso il Distretto Metropolitano di Quito, sospendendo i diritti alla libertà di riunione, all’inviolabilità della corrispondenza e del domicilio, rappresentando così una chiara forma di intimidazione verso gli elettori e un deterrente per qualsiasi protesta sociale post-elettorale.
4. A ciò si aggiungono le misure adottate dal Consiglio Nazionale Elettorale su richiesta del governo ecuadoriano, che hanno vietato – senza alcun fondamento legale – la possibilità per gli elettori di fotografare volontariamente le proprie schede, minacciando sanzioni sproporzionate per chi non si adeguasse, e disponendo che i paraventi per garantire il voto segreto fossero posizionati al contrario, rendendo visibile il voto espresso.
5. Inoltre, secondo quanto riferito dalle autorità elettorali nei giorni precedenti al secondo turno, è stato cambiato il luogo di almeno 24 seggi elettorali, compromettendo la piena e tempestiva partecipazione degli elettori.
6. È stata inoltre segnalata la mancata apertura dei seggi elettorali in Venezuela, impedendo così la partecipazione di migliaia di cittadini ecuadoriani registrati in quel paese, in violazione, senza giustificazione, dei loro diritti di partecipazione politica.
7. Durante il processo elettorale, le missioni straniere di osservazione hanno anche verificato restrizioni all’attività di diversi delegati delle candidature nei seggi elettorali, compromettendo la trasparenza e il controllo del processo da parte delle forze politiche.
8. È di pubblico dominio la denuncia della candidatura di Luisa González riguardo l’esistenza di verbali processati dal Consiglio Nazionale Elettorale in cui la pagina dei risultati non contiene le firme dei membri delle Giunte Riceventi del Voto, impedendo la verifica dell’autenticità dei verbali stessi, in violazione delle norme del Codice della Democrazia.
9. La candidatura di Luisa González ha inoltre denunciato gravi incongruenze statistiche tra i voti ricevuti dai due candidati al primo e al secondo turno: la sua candidatura avrebbe avuto un aumento di appena lo 0,40%, mentre quella di Daniel Noboa un aumento dell’11,43%. Questo indica una possibile anomalia straordinaria che deve essere esaminata dall’organismo elettorale, in nome della trasparenza, per rispondere alle accuse di frode nel voto e nello scrutinio, che si aggiungono alle altre irregolarità già evidenziate.
Sulla base di quanto esposto, la Piattaforma Internazionale per i Diritti Umani chiede agli organismi elettorali ecuadoriani – il Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), il Tribunale Contenzioso Elettorale (TCE) e la Corte dei Conti (CGE) – di analizzare le denunce relative alle infrazioni elettorali e all’uso irregolare di risorse pubbliche da parte del candidato Daniel Noboa durante le campagne del primo e secondo turno, che hanno messo a rischio la trasparenza e l’equità del processo elettorale.
La Piattaforma Internazionale per i Diritti Umani esorta la comunità internazionale a mantenere alta l’attenzione sul processo elettorale ecuadoriano e chiede l’effettuazione di una verifica forense internazionale, con il patrocinio dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e delle Nazioni Unite (ONU), che garantisca l’integrità del processo elettorale e la protezione dei diritti politici dei cittadini ecuadoriani.
PIATTAFORMA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI UMANI
15 aprile 2025
L
PUBLIC STATEMENT
The International Platform for Human Rights, a coordination body composed of various organizations from the Americas, Europe, and Africa, expresses its concern over irregularities during the Ecuadorian electoral process, which constitute a serious violation of democratic principles of fair elections for candidates and respect for voters, without intimidation or exclusion of any kind.
1. The actions of president-candidate Daniel Noboa during the first and second round campaigns violate Article 93 of Ecuador’s Code of Democracy, which clearly states that public officials seeking immediate re-election must take unpaid leave from the beginning of the campaign—something that was duly noted by accredited electoral observation missions.
2. Noboa’s failure to comply with this regulation undermined the fairness of the electoral process, allowing the use of public resources and presidential powers in favor of his own candidacy, including the involvement of public officials in campaign events distributing bonuses and gifts—practices that contravene Ecuadorian electoral law. These irregularities gave his candidacy an open and illegitimate advantage over the non-government-backed candidate.
3. Presidential Decree No. 599, signed by President Noboa 24 hours before election day, declared a 60-day state of emergency in 7 provinces and two cantons, including the Metropolitan District of Quito. It suspended the rights to freedom of assembly, the inviolability of correspondence, and the inviolability of the home—amounting to clear intimidation of voters and a deterrent to post-electoral protest.
4. This was compounded by measures taken by the National Electoral Council at the request of the Ecuadorian government to prohibit, without any legal basis, voters from voluntarily taking photos of their ballots, and to impose disproportionate fines on those who did so. Additionally, electoral authorities ordered that voting booths, which by law must ensure ballot secrecy, be positioned in reverse—thus exposing voters’ choices.
5. Moreover, as announced by electoral authorities before the second round, the location of at least 24 polling stations was changed, hindering the full and timely participation of voters.
6. It was also reported that polling stations in Venezuela were not enabled, preventing thousands of Ecuadorians registered in that country from voting—an unjustified violation of the political participation rights of Ecuadorian migrants.
7. International electoral observers also documented restrictions on the work of candidate representatives in polling stations, jeopardizing the transparency and oversight of the electoral process by political organizations.
8. It has been publicly denounced by Luisa González’s campaign that processed tally sheets published by the National Electoral Council lack the signatures of members of the Voting Reception Boards on the results page, making it impossible to verify their authenticity—contravening explicit provisions of the Code of Democracy.
9. González’s campaign also reported serious statistical inconsistencies between the votes obtained by both candidates in the first and second rounds: their campaign registered a gain of only 0.40%, while Daniel Noboa’s showed an 11.43% increase. This suggests an extraordinary anomaly that must be investigated by the electoral body, in the interest of transparency and in response to accusations of vote and count fraud, in addition to the irregularities observed throughout the process.
In light of the above, the International Platform for Human Rights calls on Ecuadorian electoral institutions—the National Electoral Council (CNE), the Electoral Contentious Tribunal (TCE), and the Office of the Comptroller General (CGE)—to investigate the reported electoral violations and misuse of public resources by candidate Daniel Noboa during both campaign rounds, which have jeopardized the transparency and fairness of Ecuador’s electoral process.
The International Platform for Human Rights urges the international community to remain vigilant regarding Ecuador’s electoral process and calls for an international forensic audit of the elections, under the auspices of the Organization of American States (OAS) and the United Nations (UN), to ensure the integrity of the electoral process and protect the political rights of Ecuadorian citizens.
INTERNATIONAL PLATFORM FOR HUMAN RIGHTS
April 15, 2025
